¿Qué costo tiene garantizar a la comunidad el acceso a la justicia?
En la actualidad existe un derecho para acceder al beneficio de litigar sin gastos. El mismo es un mecanismo que ha sido diseñado para que quienes necesitan garantizar el acceso a la justicia y no se encuentran en condiciones económicas para hacer frente a los gastos, que conllevan el inicio de una actuación judicial, puedan contar con una defensoría legal, asegurando así el acceso a la justicia a todos los ciudadanos.
Para esto se cuenta con una lista de abogados que están inscriptos en la Colegiatura de Azul brindando sus servicios para acceder a asesoría legal y así garantizar este servicio al alcance de todos. La problemática que se está atravesando actualmente, es que quienes cumplen con el rol de satisfacer estas demandas de la sociedad no están recibiendo sus honorarios desde el mes de abril, es decir se llevan cuatro meses de atraso en la cobranza de lo trabajado.
Esto implica un conflicto para los empleados contratados a través del Ministerio Público, organismo que depende de la Corte Suprema de Juaticia Bonaerense, en el devenir de su vida cotidiana. Sumando además que las regulaciones de estos pagos quedaran atrasados a sentencias viejas, es decir al pasar cada mes se pierde el valor de la contraprestación que realizan para con la sociedad.
Por esta cuestión a la cual se necesita una solución inmediata, se conformó una mesa de trabajo donde varios colegas se reúnen para intercambiar y acelerar el pedido de la liquidación de los fondos y que estos reclamos lleguen a donde tenga que llegar para poder percibir los honorarios como corresponden.
Esto está sustentados por la Ley de Honorarios N°14.967 que es su artículo 1° proclama: “Los honorarios de abogados y procuradores devengados en juicio, gestiones administrativas, actuaciones extrajudiciales y tramites de mediación, deben considerarse como remuneraciones por el trabajo personal del profesional, poseen carácter alimentario y se regirán por las disposiciones de la presente ley, que es de orden público en función de su necesaria participación para el adecuado servicio de justicia, de aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.
Ante la carta emitida el pasado 8 de agosto solo se compartió lo que ya tienen conocimiento los letrados, el retraso en el pago de los honorarios profesionales de Defensores Oficiales se debe a un problema de índole presupuestaria, encontrándose así demorado en tiempo y forma.
En la carta se compartió que, “Esta situación de demora en a la percepción de los honorarios, sumado a que cuando se efectivice va a ser a valor de un Jus arancelario anterior al vigente y agravado por el cuadro de situación nacional actual de permanente inflación, genera un gran problema económico en las magras economías de los profesionales de la matrícula”.
La Asociación de Abogados de Laprida en fin no recibió ninguna respuesta en concreto de cuando percibirán la liquides de estos trabajos realizados, sumando además el mes en transcurso a esto cuatro meses de adeudados. Por lo que fortalecerán aún más la mesa de trabajo, mientras que en simultaneidad se seguirán prestando los servicios, pero se analizará como continuar para que se regularice esta situación y hacer que el reclamo llegue al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, desde donde no se están remitiendo los fondos.
Comprender que este sector publico es un elemento fundamental para resolver la litigiosidad en la gran cantidad de demandas que surgen día a día en nuestra comunidad, una demanda que no se detiene y es importante que se tome conciencia de la labor que se presenta para garantizar el servicio de justicia y en este caso realizándolo sin percibir los honorarios correspondientes y sin contemplar el pago de los aportes provisionales que también se deberían percibir desde los honorarios.
¿Qué pasaría con el acceso a la justicia al tener vacía la lista de Defensores Oficiales?
