Política | Intendentes de todo el país marcharon contra el desfinanciamiento y presentaron un petitorio al Gobierno nacional
La movilización fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios. Reclamaron por la coparticipación, la caída de recursos y el impacto social de las políticas económicas. Luego fueron recibidos por el gobernador Axel Kicillof
En una jornada que no registra antecedentes recientes, más de un centenar de intendentes de distintos puntos del país se movilizaron este martes hacia el Ministerio de Economía de la Nación para reclamar contra el desfinanciamiento de los municipios y exigir respuestas urgentes al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
La protesta fue organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), y concluyó con la presentación de un petitorio formal en la mesa de entradas de la cartera económica. Participaron jefes comunales de 18 provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Santa Fe y Tierra del Fuego, reflejando el alcance federal del reclamo.
Reclamos centrales
El documento entregado incluye una serie de demandas vinculadas a la crítica situación que atraviesan los municipios. Entre los principales puntos se destacan:
- El fortalecimiento del sistema de coparticipación federal.
- La normalización en el envío de recursos nacionales.
- Garantías para la entrega de alimentos a sectores vulnerables.
- Medidas de compensación por el impacto del aumento del gasoil en el transporte público.
- Restitución o compensación de subsidios eliminados.
- Reactivación de políticas de apoyo a la industria, pymes y economías regionales.
- Acceso a medicamentos para jubilados.
- Fortalecimiento de políticas para personas con discapacidad.
Además, solicitaron la creación de una mesa de trabajo permanente entre el Ministerio de Economía y la FAM.
“El límite es el hambre”
El presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezó la comitiva junto a funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco.
Antes de ingresar al edificio, Espinoza fue contundente: “El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”. Luego, en conferencia de prensa, expresó la preocupación generalizada de los jefes comunales: “Estamos al borde de la desesperación. Hace más de dos años que no somos escuchados por el gobierno nacional y la situación no da para más”.
El dirigente también cuestionó el uso de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles y denunció la falta de inversión en infraestructura vial, señalando el deterioro de rutas en todo el país.
En la misma línea, Katopodis insistió en que el Gobierno nacional debe ejecutar las obras correspondientes con esos recursos y tomar medidas para reducir el impacto del precio del combustible en la economía cotidiana.
Encuentro con Kicillof
Tras la movilización, los intendentes se reunieron con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien respaldó los reclamos y apuntó contra la política económica nacional.
“Una enorme cantidad de intendentes vinieron a reclamar por las obras y los recursos que le corresponden a nuestro pueblo”, sostuvo el mandatario, quien advirtió sobre “una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica” producto de lo que calificó como una “deserción absoluta del Estado nacional”.
Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, planteó la necesidad de construir una alternativa política: “El peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente que defienda a la Argentina”.
Un escenario de tensión creciente
La movilización dejó en evidencia el creciente malestar de los gobiernos locales frente al ajuste fiscal y la reducción de transferencias nacionales. Los intendentes coincidieron en que la situación impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos, especialmente en los sectores más vulnerables.
En ese contexto, advirtieron que, de no mediar respuestas concretas, el conflicto podría profundizarse en las próximas semanas, en un escenario donde los municipios aseguran estar cada vez más limitados para garantizar servicios básicos y asistencia social.
